viernes, 26 de mayo de 2017

PLURINACIONALISTAS


En el “problema territorial” ya hace mucho que hemos tocado fondo y ahora escarbamos para no poder salir a flote. A nadie se le oculta que la propuesta con la que se refunda el sanchismo de proclamar a España como un “Estado plurinacional” busca complacer a sus bases socialistas nacionalistas de todo color, el baluarte de su poder, y encontrar un terreno común de gobierno con los podemitas y separatistas. Como hay que ser siempre constructivos, apreciemos lo que tiene tal proyecto de positivo. Puede valer, contra el propósito del ponente, para romper el gran tabú. ¿Por qué si España es una nación la tratamos como si fuera una “cárcel de pueblos”? ¿Porqué se dice Estado o Constitución cuando se quiere decir España o nación?

Convencido de que los vientos de la historia le favorecen, los pedristas/podemitas ya no ocultan su triste idea de España. Pero al hacerlo toca debatir. En el PSOE la ambigüedad calculada que ha ocultado tanto el antagonismo permanente entre quienes creen en la realidad nacional de España y los que sólo creen en los derechos de su comunidad, nacionalidad, nación o lo que sea, ya es insostenible. Pero con el inconveniente de que a la alternativa rotunda “plurinacionalista” sólo se opone un ambiguo “federalismo” que soslaya la cuestión de fondo: ¿quién es el sujeto soberano? Y lo más importante ¿quien tiene derecho moral a serlo?

Es de temer que el “plurinacionalismo” se aproveche de la candidez e irresponsabilidad mental de quienes piensan que todo se reduce a “un juego de palabras”. Desde luego en las filas socialistas abundan a borbotones, tras decenios de soslayar el hecho de la identidad nacional española. Y esto por desgracia puede ser la mentalidad dominante en la izquierda social.

Se piensa y se dice: “Sólo se trata de naciones “culturales”, la soberanía es la nación política, que sería la española, como un todo” “si eso queda claro ¿qué más da llamarse nacionalidad o nación“cultural” si se quiere?”. Ya advirtió el sabio Confucio que el caos en el gobierno de las cosas empieza y se consuma al no respetar el significado de las palabras. Nada más fácil en las sociedades mediáticas, si quienes tienen poder social lo ensucian de esa manera.

¿Pues cabe ignorar que toda nación por el hecho de ser lo tiene derecho a su soberanía? De establecerse la plurinacionalidad los separatistas lo tienen bien fácil: “somos una nación cultural, por tanto nación al fin y al cabo”, “¿Porqué ha de ser sólo“España” una “nación política”?, ¿quien puede negarnos el derecho a ser una “nación política” y por tanto a tener “Estado propio”?”

Seamos bien pensados. Los ponentes socialplurinacionalistas deben creer con toda buena voluntad que de esta forma se puede desactivar o al menos encauzar la ristra de referendums de autodeterminación a la vuelta de la esquina o en ciernes. Pero a lo sumo no pueden ofrecer más que un compromiso para gobernar con Podemos y a cambio un fórmula legal de autodeterminación. Como si fuese una victoria emplazar a los separatistas ante el dilema de arrancar la independencia a las bravas o acceder por la legalidad.

Todo quedaría pendiente de si cuenta más el ansia de los separatistas para consumar su sueño o la prudente confianza que a estos les inspirase el poder podemitasanchista. Pero dispondrían en cualquier caso de un un colchón seguro, el que les daría tener el fuero aun sin el huevo: más importante que la independencia fáctica es tener “derecho a la independencia”, más importante que los resultados de un hipotético referéndum es el reconocimiento del “derecho a decidir”.

Ya en estas horas bajas tampoco le vendría mal a la sociedad española en su conjunto que con motivo de esta propuesta reparase en el fundamento de sus derechos. Por supuesto empezando por la clase política de origen constitucionalista. Ante el embate separatista han primado dos respuestas: la táctica del “no pasa nada” y la estratégica: “el derecho a decidir es inconstitucional”. A efectos ideológicos esta línea es lo importante y creo que con ello se ha otorgado a los separatistas la inmensa ventaja de la iniciativa ideológica. Las razones por las que España es una nación y por ende un sujeto soberano se desdibujan cuando sólo se acude a que “así lo dice la Constitución”. Es decir cuando sólo se defiende el Fuero y se hace abstracción del Huevo. El argumento es impecable en derecho y moralmente, además parece infranqueable intelectualmente. Pero en la práctica, cuando la ley se cuestiona, no basta defender la ley en virtud de su legítima necesidad para que la convivencia sea posible, sino en virtud de que es justa, sobre todo cuando es justa y se puede demostrar y explicar.

La clase política ha pensado, con algún motivo, que eso se da por supuesto, que la población tiene clara su pertenencia y que plantear el tema de ese modo significa inquietar a las izquierdas, que no lo tiene tan claro, y sobre todo meterse en el fregado de algo que es puramente “sentimental”. Se dice de esta manera : “cualesquiera que sea el sentimiento de pertenencia de cualquier particular el hecho es que hay que respetar las leyes que nos hacen iguales”, “lo importante es convivir juntos nos sintamos españoles o no” .

Cierto, pero cuando en nombre de una presunta voluntad democrática se hace cuestión de la ley y la convivencia, es preciso poner encima de la mesa que esa convivencia y esa ley son posibles en virtud de los lazos reales existentes fraguados día a día durante muchos siglos. Estos lazos crean sentimientos colectivos valiosos, no simples entelequias. La unidad de España no es fruto de una improvisación, imposición o capricho, pero se da la impresión de que lo es cuando no se responde a quienes así acusan, como si hubiese una consigna de silencio y de no dar razones.

Cuanto menos es mucho más justa la ley que se basa en la unidad de España y la defiende, que cualquier hipotética ley que amparase su disolución o su troceamiento en soberanías dispares. Pero la defensa de tan sencillo postulado se ha demostrado históricamente molesto, como si hacerlo conculcase el frágil equilibrio político y civil de una sociedad que sobrevive políticamente desde la transición en un estado de desconfianza calculada e inquebrantable, como si esa desconfianza en la otra parte de España fuera el principal punto de equilibrio.


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