LA LEGALIDAD Y EL "SOUFFLÉ" CATALÁN

La estrategia marianista ha sido esperar que el soufflé catalán se desinflara por sí solo. Su manera de ver le llevaba a creer que todo era un soufflé, pero también el miedo a que fuera en serio le hacía agarrarse a su creencia como a un clavo ardiendo. El miedo a tener que actuar se ha enmascarado con la apelación a la estricta aplicación de la legalidad, cuando precisamente los sediciosos se hartan de vulnerar la legalidad, siguiendo la táctica de los hechos consumados.

En el momento que esto quedó manifiesto Rajoy apeló a la aplicación “proporcional” de la ley, dando a entender que se haría cuando conviniese y sin que eso acarrease problemas ni molestias. Porque tanto es su temor a la reacción que la aplicación de la ley pudiera provocar entre las masas secesionistas, como a que los españoles le achacasen las molestias que la “confrontación” les podía acarrear.

Ante ello la alternativa del gobierno, ahora en funciones, es “tranquilizar” y reducir el asunto a una cuestión estrictamente jurídica sobre la que deben entender en cada caso los expertos y los tribunales. Se presenta así el Estado de Derecho como una maquinaria que funciona automáticamente asegurando el cumplimiento de la ley sin necesidad de que haya una voluntad política que lo mueva, o con independencia de que esta ande acertada o desacertada.

En el momento que la secesión es manifiesta y la vulneración de la ley declarada y proclamada, la única razón para no aplicar la ley y suspender la autonomía por ejemplo es que se carece de fuerza para hacerlo, porque ni la parte de la sociedad catalana que debiera apoyarlo se atrevería a hacerlo, entre otras cosas porque no puede sacudirse la confusión, pero ni tampoco el grueso que haría falta de la opinión pública española.

Esta sigue creyendo en conjunto que el problema catalán no va en serio ni es peligroso, mientras al grueso de la izquierda, casi mayoritaria y con dominio de la calle y de los medios, lo único que le preocupa es la venganza. Así las razones del miedo y la oportunidad se enmascaran todavía en la falsa apelación a estricta aplicación de la ley. El español medio se mueve entre una disyuntiva mental: o bien la ley es siempre negociable según el caso y la oportunidad o bien la ley lo ampara todo incluso su vulneración.

Ahora en concreto no hay razones jurídicas para no aplicar la ley, es más en estricta técnica jurídica no suspender la autonomía es un acto de prevaricación. Las razones para no hacerlo de momento son pues políticas, y seguramente sería inconveniente hacerlo ya por las razones apuntadas, pero no se puede decir y hay que hacer filigranas retóricas que nos permitan a todos estar a gusto bien engañados.