Supongo, y así creo, que el Juez
Castro tendrá razón en el fondo, o por lo menos razones, pero algo
no me cuadra en su argumentación, así por encima. Seguramente es
que no entiendo de leyes o que no tengo valor ni capacidad suficiente
para estudiar asuntos tan complejos, con la dedicación que merecen.
En la superficie. Rechaza la necesidad
de que los representantes oficiales del Estado pidan la inculpación
como condición para hacerla, porque el asunto concierne a todos los
españoles. Pero, por otra parte, inculpa a la Infanta en virtud de
que la petición de la Acusación Particular cumple con el requisito
que permite hacerlo. De manera que otorga de facto a la Acusación
Popular el derecho de representar a todos los españoles y desdice a
la representación oficial de derecho de tal derecho. Parece raro. O
basta el convencimiento argumentado de que se ha cometido delito o se
necesita la petición de los agraviados. Pero no lo primero para
rechazar lo segundo y lo segundo, entendido a su manera, para admitir
lo primero.
El asunto de fondo. Se dice que en
“este caso” todos somos los perjudicados por el fraude fiscal.
Pero el Estado al arrogarse el derecho de hacer justicia, como
también ocurre con el monopolio de la violencia, actúa en el
supuesto de que cualquier delito lesiona a la sociedad en su
conjunto, con independencia de que sea este o aquel el perjudicado.
Cualquier vulneración de la ley daña moralmente a la sociedad en su
conjunto pues pone en cuestión el valor de la ley. Argumentar que en
este caso eso es así, dando a entender que en otros casos no lo es,
parece dejar el cumplimiento de la ley bien a la apreciación de los
directamente perjudicados, según conveniencia, convencimiento o
interés, o bien a la apreciación del juez sobre quienes son en cada
caso los perjudicados y si en algún caso lo somos todos o lo es uno
sólo en particular. ¿Existe alguna ley que decida sobre esto?
¿Puede existir?
En fiestas de Navidad me puedo permitir hacer de aprendiz de leguleyo, es un simple juego.
Feliz Navidad.
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