Que los dictámenes judiciales decidan la responsabilidad política, es como si Greenpeace se tuviera que encargar de elaborar la guía Michelin de gastronomía. En
el caso más ideal imaginable de que la justicia acertase al cien por cien con
toda diligencia y pulcritud, la denominada verdad jurídica apenas abarcaría una pequeña porción de lo
que se tiene que dilucidar políticamente en el ámbito de la opinión pública.
Esta ha de juzgar los actos de los gobernantes según sus intenciones y
proyectos, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace y la ventaja de
su proceder sobre el presunto proceder de los adversarios en parecidas
circunstancias. La justicia se ha de atener a las pruebas indubitables, o lo
más indubitables posibles, en un proceder ideal más semejante al de un geómetra
ante un problema matemático o al de un científico de laboratorio que ha de
verificar una hipótesis. Pero con la contrariedad de que los asuntos humanos
sobre los que ha de dilucidar son por naturaleza resbaladizos y desquiciantes. En
política nada es plenamente demostrable aunque todo es sospechoso, todo ha de
ser argumentado aunque todo es rebatible. Atenerse a las resoluciones judiciales
que atañen a los políticos es un uso ciudadano saludable, pero no tanto porque
la decisión haya de ser necesariamente correcta
y sea en sí misma incontrovertible, sino porque la vida social precisa de
instancias últimas indiscutibles. Al fin y al cabo la necesidad de la justicia
deriva de este hecho más aun que de la garantía de que los veredictos sean
acertados. Aunque la justicia errase constantemente, la vida social sería tanto
más irrespirable cuanto si cada cual se tomase la justicia por su mano. Los
políticos suelen maniobrar para dejar en manos de los jueces su futuro a
sabiendas que la justicia requiere unas garantías que la opinión pública no
puede ofrecer. El límite de su postura es lo que pueda sufrir su partido. Griñán
por ejemplo se ha quitado de en medio en la esperanza de que el PSA no quedase
en entredicho si fuera inculpado. Rajoy
prefiere resistir numantinamente en la idea de que es preferible la lenta
erosión del partido que su repentino resquebrajamiento. En ambos casos la
judicialización de la política complementa la politización de la justicia, pero
la crisis y el descrédito de la clase política otorgan cada vez más
protagonismo a los jueces. Los políticos aguantan bajo el manto protector del
partido por muy raído y deshilachado que esté, mientras el partido aguanta a
sus dirigentes por el miedo de los subordinados a perder su puesto y el miedo
colectivo a que los seguidores den la espalda. Esta rigidez partitocrática
cortocircuita el debate natural sobre las responsabilidades políticas de los
dirigentes al digerirse la responsabilidad en el totum revolutum de la
necesidad social del partido y la estabilidad política de la sociedad. Como el
sacerdote es responsable ante la
Iglesia, el político lo es ante el partido y su
responsabilidad la determina lo conveniente para el partido. Para que “cada
palo aguante su vela” es preciso que cada palo tenga su barca, es decir
que tenga que aguantar ante la sociedad
y no sólo ante sus dirigentes o ante los jueces. Una razón más a favor de la idea de que la regeneración de la vida política ha de pasar por la personalización de la responsabilidad política.
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